A poco más de un año del fatal megaincendio en la región de Valparaíso que dejó más de 10 mil damnificados y 137 fallecidos, las familias de algunas de las víctimas fatales presentaron una demanda contra diversos organismos del Estado por su presunta falta de preparación y reacción para hacer frente a la catástrofe del 2 y 3 de febrero de 2024.
La acción judicial dirigida contra el ministerio del Interior, el gobierno regional, la delegación presidencial de Valparaíso, Senapred, Conaf, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, entre otras entidades, busca reparar económicamente a las familias la suma de 750 millones de pesos por cada una de las personas fallecidas en la emergencia.
Entre sus argumentos, la querella acusa a las instituciones ya mencionadas de no contar con los protocolos necesarios y no realizar las acciones oportunas para combatir las llamas, como no coordinar a los equipos de emergencia, no contar con un plan de evacuación, entre otros.
En este sentido, Felipe Olea, abogado defensor de 77 familias, sostuvo que la alta cifra de indemnización responde a la forma trágica en que ocurrieron los decesos y a los ejemplos de sentencias pasadas donde el Estado fue condenado a pagar 1.000 millones de pesos.
Cabe recordar que en la arista judicial del caso hay 7 sujetos bajo prisión preventiva en distintas cárceles de Chile, todos acusados como los autores materiales e intelectuales de las llamas. Entre ellos, figuran voluntarios de bomberos, funcionarios de Conaf y Senapred.