La Corte Suprema y el Gobierno advirtieron grandes dificultades para materializar los vuelos de expulsión de los ciudadanos venezolanos condenados en nuestro país, a raíz del quiebre de las relaciones diplomáticas con la nación liderada por Nicolás Maduro.
El problema quedó ilustrado en un fallo del máximo tribunal, ante un recurso de amparo presentado por un imputado venezolano, en el que apuntó la imposibilidad de concretar dichas sanciones, ordenando una nueva audiencia para definir una medida sustitutiva para el sujeto.
Desde el Ministerio de Justicia confirmaron la observación consignada por la Corte Suprema por la complicada e improductiva situación política con aquel país. Sin embargo, señalaron que seguirán insistiendo en el traslado de personas bajo esta condición penal.
De hecho, el propio fiscal jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Héctor Barros, aseguró que tampoco ha recibido ninguna colaboración de las autoridades venezolanas en la desarticulación de “Los Piratas de Aragua”, banda ligada al asesinato del exmilitar, Ronald Ojeda.
De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Justicia, actualmente existen más de 9 mil ciudadanos extranjeros recluidos en nuestro país. De estos, cerca de 2.500 son de origen venezolano, de los cuales alrededor de un centenar podrían ser objeto de un eventual proceso de expulsión.