El Gobierno del presidente, José Antonio Kast, presentó una nueva indicación legislativa en el Senado que busca fortalecer los procesos de identificación y expulsión de migrantes irregulares en Chile. En concreto la propuesta establece que distintas instituciones deberán entregar antecedentes personales al Servicio Nacional de Migraciones cuando estos sean solicitados.
Según el texto, organismos públicos y privados estarán obligados a proporcionar información como domicilio, teléfono, correo electrónico y otros antecedentes de extranjeros involucrados en procedimientos migratorios que actualmente se encuentren en situación irregular dentro del territorio nacional.
La medida alcanzaría a instituciones previsionales, de salud y educación, tanto públicas como privadas. Entre ellas aparecen Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles. Desde el Gobierno señalaron que la propuesta forma parte de la estrategia migratoria impulsada por la actual administración.
La declaración del Presidente llega a horas de que reconociera uno de sus principales compromisos de campaña, el expulsar 300 mil migrantes al inicio de su Gobierno, se trataba de una metáfora. El senador Juan Luis Castro cuestionó duramente al Ejecutivo tras la polémica declaración del Mandatario.
El debate continuará en la comisión de Gobierno del Senado durante la tramitación del proyecto sobre expulsiones administrativas. La propuesta ha abierto nuevas discusiones respecto al uso de datos personales y la coordinación entre organismos públicos y privados para enfrentar la migración irregular.